Bebé muerto por disparo en la cabeza: cruel símbolo de la situación de los pueblos indígenas de Brasil

Informe del Consejo Indigenista Misionero (CIMI) hace críticas al desguace de la FUNAI (Fundación Nacional del Índio), comandada por intereses anti-indigenistas.

Reportaje de El País traducido por Carina Aparecida (Brasil).

El pequeño Cirleudo Cabral Monteza Manchineri, de un año de edad, estaba cómodamente dormido en el regazo de su madre a pesar del balance de la embarcación de motor, una voladera. El viaje ya llevaba tiempo. La familia de la etnia Manchineri había salido del aldea «São Paolino», ubicada en el estado Acre, Amazonas, bajando el río Purus y adentrando en uno de sus brazos. En torno a las 10 pm, se aproximaron al pequeño puerto de la Feria de los Colonos, en la ciudad de Sena Madureira, estado Acre. El papá del bebé apuntaba una linterna hacia la barranca cuando recibió órdenes para apagar la luz. Sin tener como atracar en el oscuro, el ignoró el comando. El barco fue recibido a disparos. Uno de ellos acertó la cabeza de Cirleudo, que fue socorrido, pero llegó muerto al hospital.

Cirleudo fue enterrado en un pequeño ataúd blanco con sus pocas cosas. Para las autoridades, una pandilla criminal que controla el puerto confundió a la familia con un grupo enemigo y abrió fuego. Para el Consejo Indigenista Misionero, sin embargo, el crimen tiene que ver con el «odio local propagado por los invasores de tierra indígena»: el cacique del aldea São Paolino fue blanco de tres intentos de homicidio, siendo el último días antes del asesinato de Cirleudo. Su muerte es el retrato de la situación de los pueblos tradicionales brasileños: su cuerpo yace en un sepulcro ubicado en territorio indígena todavía no demarcado.

El bebé fue el más joven de los 110 indígenas víctimas de homicidios en el año 2017, según el informe «Violencia contra los Pueblos Indígenas en Brasil», organizado por el CIMI. En comparación con el año 2016, cuando fueron 118 víctimas fatales, hubo una reducción de 6,7%. Los estados de Roraima y Amazonas lideran con 33 y 28 casos, respectivamente. Pese a la pequeña rebaja en el total de muertos, el escenario señalado por el documento es sombrío y no hay razones para celebrar: 2017 fue el año marcado por retrocesos en los derechos indígenas y por la eliminación sistémica de sus liderazgos.

Fue lo que ocurrió al cacique Kaingang Antônio Ming, asesinado en el último mes de marzo en la Tierra Indígena Serrinha, en el estado de Rio Grande do Sul. Kaingang fue blanco de cinco disparos mientras hacia compras en un mercado local. En vida, fue muy crítico a los arrendamientos de tierras para los no indígenas, por lo que hay sospecha que habría sido ejecutado por contrariar los intereses de los terratenientes de la región. También fue lo que ocurrió a Manoel Quintino da Silva Kaxarari, liderazgo del aldea Pedreira, en el estado de Rondônia, que venía haciendo críticas hace la extracción ilegal de maderas en tierras indígenas, y fue muerto a disparos en el último mes de junio.

A excepción del ataque en contra de los indígenas Gamela, en el estado de Maranhão, que dejó 22 heridos a disparos y golpes de machete (algunos con manos cercenadas), la mayoría de los casos de violencia mencionados en el informe, como el de bebé Cirleudo, no se volvieron titulares. Como el caso de tres indígenas asesinados en la ciudad de Santo Antônio do Iça, cuando dos sicarios les hicieron dedo para seguir en el mismo barco. También el caso de Rodrigo Gomes Redis, un Guarani-Kaiowá, muerto a disparos por una deuda de 10 reales en el estado de Mato Grosso do Sul.

No es solamente la violencia que lleva la vida de los indígenas brasileños. El informe del CIMI apunta para ocho casos de muertes provocadas por falta de asistencia en la salud, en muchos casos involucrando enfermedades de tratamiento sencillo. Tari Uru Eu Wau Wau, de la tierra indígena de Rio Negro Ocaia, en el estado de Rondônia, murió de tuberculosis y Leonardo Leite Kanamari, de la tierra amazónica de Taquara, de malaria.

Desguace de la FUNAI y presión ruralista 

Según el informe, el ex-presidente Michel Temer «legitimó la violencia contra los pueblos indígenas», en la medida que permitió que se instalara «adentro del gobierno una organización que quiere depredar el patrimonio público e imponer por la fuerza su intento exploratorio no que toca a los bienes ambientales, minerales, hídricos y de la biodiversidad». Se trata de la «bancada ruralista», grupo parlamentario compuesto por diputados y senadores con intereres ligados al agro-negocio y que fueron uno de los pilares que sostuvieron ese gobierno. «Al largo del 2017, los pueblos indígenas vieron sus territorios ser invadidos, loteados y explotados por aquellos que desean implementar el monocultivo agrícola, pecuario y la explotación de minerales, madera y energía», apunta el informe.

Parte del reportaje de Gil Alessi, publicado en «El Pais», en 28/09/2018.